Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las CC.AA. que deben más intereses de demora a sus proveedores

	Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las CC.AA. que deben más intereses de demora a sus proveedores
	• Los intereses de demora por impagos a proveedores en Cataluña rondan los 140 millones de euros, lo que la coloca como la comunidad autónoma con la cifra más elevada, por delante de Madrid (111 millones), Andalucía (105) y Valencia (88). En el otro lado de la balanza se encuentran La Rioja, Navarra y Cantabria, que solo acaparan un 0,7%, 1,7% y 1,9% del total de la deuda, respectivamente. • Toda empresa o autónomo que se acoja al inminente plan de pago a proveedores, que se formalizará en pocos días mediante Real Decreto-Ley, tendrá que renunciar a los intereses de demora que les adeudan las AA.PP., pero, sin embargo, “podrá cobrar con celeridad sus facturas gracias al pago del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”. • En esta ocasión el plan de pago a proveedores sí que contemplará las deudas del año en curso, una de las mayores reivindicaciones de la PMcM, lo que dará liquidez inmediata a autónomos y pymes. • Todo ello prueba la actual sensibilidad del Gobierno ante el tema de la morosidad, que la PMcM pudo captar hace semanas en su reunión con responsables del Ministerio de Hacienda, quienes le transmitieron sus intenciones que posteriormente dieron a conocer durante el evento que la Unión Europea celebró en Madrid y en el que la PMcM intervino con una ponencia. • La actividad de la PMcM también se ha centrado en las últimas semanas en preparar las enmiendas al Real Decreto-ley 4/2013 que la entidad acaba de presentar. Las propuestas tratan de querer clarificar la incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable para que no exceda de 60 días; derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista para acabar con el trato de favor de este colectivo; y defender que en España existe una ley que contempla que no haya cláusulas y prácticas abusivas al no permitir a las partes determinar libremente los plazos de pago. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha elaborado un informe a partir de datos publicados por el Ministerio de Hacienda, del que se desprende que las comunidades autónomas adeudan un total de 742 millones de euros en intereses de demora generados por la deuda con sus proveedores en 2012. Las regiones que encabezan el ranking con las cantidades más cuantiosas son Cataluña (140 millones de euros), Madrid (111 millones), Andalucía (105) y Comunidad Valenciana (88). En el otro lado de la balanza se encuentran La Rioja, Navarra y Cantabria, que solo acaparan un 0,7%, 1,7% y 1,9% del total de la deuda, respectivamente. A estos 742 millones de las CC.AA., se suman otros 435 de la Administración Local y unos 189 del Estado, lo que hacen un importe total de 1.366 millones de euros que adeudan las Administraciones Públicas en España a sus proveedores en concepto de intereses de demora, según estimaciones de la PMcM. En este sentido, el presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha querido recordar que “si una empresa se retrasa en el pago de sus impuestos tiene que pagar directamente un 20% en concepto de recargo. Aplicando un principio de reciprocidad, las AA.PP. deberían pagar de oficio los intereses de demora a los que les obliga la ley cuando sobrepasan los plazos legales de pago a sus proveedores”. Renuncia al cobro de intereses en el próximo plan de pago a proveedores Toda empresa o autónomo que se acoja al inminente plan de pago a proveedores, que se formalizará en pocos días mediante Real Decreto-Ley, tendrá que renunciar a los intereses de demora que les adeudan las AA.PP., pero, sin embargo, “podrá cobrar con celeridad sus facturas gracias al pago del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”, explica el presidente de la PMcM. Según el Gobierno, éste será el último plan de pago a proveedores. En él las CC.AA. tendrán que incluir las cantidades que adeudan a los Ayuntamientos, pero lo más significativo es que en esta ocasión sí que contemplará las deudas del año en curso, una de las mayores reivindicaciones de la PMcM, lo que dará liquidez inmediata a autónomos y pymes. El presidente de la PMcM ha felicitado al Ejecutivo por esta decisión y ha destacado que este hecho supone “un éxito sin precedentes, que marca un antes y un después en la lucha contra la morosidad”. También ha aplaudido el compromiso del Gobierno de que a partir de este otoño no podrá haber ninguna administración que pague por encima de los 30 días, imponiéndose sanciones a las incumplidoras. Todo ello prueba la actual sensibilidad del Gobierno ante el tema de la morosidad, que la PMcM pudo captar hace semanas en su reunión con responsables del Ministerio de Hacienda, quienes le transmitieron sus intenciones que posteriormente dieron a conocer durante el evento que la Unión Europea celebró en Madrid y en el que la PMcM intervino con una ponencia. La PMcM presenta enmiendas al Real Decreto-ley 4/2013 La actividad de la PMcM también se ha centrado en las últimas semanas en preparar las enmiendas al Real Decreto-ley 4/2013 que la entidad acaba de presentar. Las propuestas tratan de clarificar la incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable, para que no exceda de 60 días; derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista para acabar con el trato de favor de este colectivo; y defender que en España existe una ley que contempla que no haya cláusulas y prácticas abusivas al no permitir a las partes determinar libremente los plazos de pago. En este sentido, Cañete señala la importancia de que en el trámite parlamentario no se introduzcan elementos o enmiendas que no vayan en la dirección de mejorar el ámbito jurídico para cumplir con los plazos de pago y recuerda el peligro de que haya algunos grupos de poder de los sectores de la Distribución y Construcción que intentan restaurar el pacto entre las partes. Además de estas enmiendas, la PMcM continúa defendiendo su batería de propuestas, entre otras, crear un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador; generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas; acabar con el trato de favor de los subcontratistas derogando el artículo 228 de la Contratación Pública; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados, y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país. “En España calculamos que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo ha hecho debido a la morosidad”, asegura.
Sitio Web:	http://www.romanyasociados.es/